Pese a que en el plantel educativo fallecieron 19 niños, la directora advirtió que no hay descuentos ni prórrogas en los pagos.
Mientras la comunidad escolar aún llora a las 26 víctimas del colegio Enrique Rébsamen, la directora y dueña, Mónica García Villegas, exige a los padres de familia que paguen las colegiaturas sin retraso alguno.
A través de dos portavoces, la directora advirtió seis días después de la tragedia, que no dará descuentos ni prórrogas, de acuerdo con una circular enviada a los papás.
"La miss Mónica en la reunión anterior pidió se pagaran las colegiaturas con puntualidad”, se lee en el punto 10 de los 14 del documento.
"La miss Mónica en la reunión anterior pidió se pagaran las colegiaturas con puntualidad”, se lee en el punto 10 de los 14 del documento.
Cabe recordar que mientras se realizaban las labores de rescate, la dueña del colegio se metía entre los escombros para sacar ropa, zapatos y documentos.
padres de familia han informado que la directora no ha querido reunirse con ellos y que sólo han podido hablar con “la miss Mónica”, como la llaman, por WhatsApp mediante el chat general que tienen del colegio. Aparentemente será este domingo cuando finalmente se reúna con ellos para determinar cómo se reubicarán los alumnos.
A la par de esto, la jefa delegacional de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, presentó ayer jueves una denuncia penal contra cualquier autoridad que resulte responsable de quien o quienes hayan dado el visto bueno a la estructura del colegio Enrique Rébsamen, donde murieron 19 niños y 9 adultos luego de que se derrumbara por el sismo de 7.1 grados.
Dicha denuncia está dirigida principalmente contra el director general Jurídico y de Gobierno a cargo durante 2010, Alejandro Zepeda Rodríguez; el director general Jurídico y de Gobierno que ejercía durante 2014, Miguel Ángel Guerrero López, y contra la dueña de la escuela, Mónica García Villegas, por corresponsabilidad.
De acuerdo con informes solicitados al Tribunal de Justicia Administrativa, en el año 2013-2014, en la administración de Marisela Contreras, el 3 de noviembre de 2013 la Dirección General de Obras y Servicios Urbanos declara que es improcedente la solicitud que hace la propietaria del artículo 62, el cual estipula en la ley de construcciones que se está construyendo algo menor. La Dirección General de Obras y Servicios Urbanos dice que no es una obra menor.
El 12 de diciembre de 2013, la Dirección General de Jurídico y Gobierno realiza la visita de verificación, es decir, la Dirección General de Obras y Servicios Urbanos le pasa el expediente en aquel momento al Jurídico, el cual en 2014 ordena clausurar y sancionar con el 5% del valor de la construcción y 300 días de salario mínimo. Presuntamente se ponen sellos en la construcción y presuntamente estuvo clausurada prácticamente un año.
El 12 de diciembre de 2014 se levantan los sellos y con eso se cierra el expediente: "Lo que encontramos, que es verdaderamente indignante, en el expediente jurídico, es que la Dirección General de Obras y Servicios Urbanos le dice al jurídico que al momento del análisis técnico se observó que se están haciendo trabajos de demolición de estructuras de concreto armado del tercero y cuarto piso, dañando elementos estructurales que afectan la estabilidad de la construcción. Se cierra el expediente jurídico con 21,000 pesos de multa", dijo Sheinbaum, quien recapituló:
El 25 de octubre de 2016 hay una visita de inspección por uso de suelo por denuncia vecinal.
El 23 de enero de 2017, el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) emite una sanción con una multa y conmina a la escuela a resolver el tema. Los verificadores del Invea reportan que sólo es un tema del uso de suelo y no de construcción. Al ser así, la delegación nunca fue notificada.
El 12 de diciembre de 2014 se levantan los sellos y con eso se cierra el expediente: "Lo que encontramos, que es verdaderamente indignante, en el expediente jurídico, es que la Dirección General de Obras y Servicios Urbanos le dice al jurídico que al momento del análisis técnico se observó que se están haciendo trabajos de demolición de estructuras de concreto armado del tercero y cuarto piso, dañando elementos estructurales que afectan la estabilidad de la construcción. Se cierra el expediente jurídico con 21,000 pesos de multa", dijo Sheinbaum, quien recapituló:
El 25 de octubre de 2016 hay una visita de inspección por uso de suelo por denuncia vecinal.
El 23 de enero de 2017, el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) emite una sanción con una multa y conmina a la escuela a resolver el tema. Los verificadores del Invea reportan que sólo es un tema del uso de suelo y no de construcción. Al ser así, la delegación nunca fue notificada.
El 3 de abril de 2017, la escuela presenta juicio de nulidad contra la multa, ya que la escuela nunca fue clausurada.
El 31 de mayo de 2017, el tribunal emite sentencia a favor del Invea.
El 1° de agosto de 2017, ponen un recurso de apelación a la multa.
La delegada dijo que queda pendiente el dictamen del Colegio de Ingenieros Civiles: "Ese dictamen nos va a decir el análisis de las estructuras del edificio. Ellos van a tardar varias semanas en hacer este dictamen. Van a hacer el análisis del concreto, de los planos, los expedientes y van a hacer un dictamen".
"En el caso de que haya responsabilidad, vamos a actuar de la misma manera, contra el director responsable de Obras y el corresponsable de Seguridad Estructural, que a la autoridad delegacional le dicen de puño y letra que el edificio era seguro", concluyó Sheinbaum.
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México citó a comparecer a Mónica García Villegas, dueña del Colegio Enrique Rébsamen, colapsado durante el sismo del 19 de septiembre, como parte de la investigación por el uso de documentos falsos para construir departamentos sobre la escuela, dio a conocer Reforma.
García Villegas enfrenta también otras dos investigaciones, una de oficio por la muerte de 19 niños y siete adultos y una que el pasado jueves 28 anunció la delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, en la cual también se dirigen a Alejandro Zepeda Rodríguez y Miguel Ángel Guerrero López, quienes fueron directores de Jurídico y Gobierno de la demarcación en las administraciones de 2010 y 2014.
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